Alma Rosa Rojo, madre buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida con armas de fuego la tarde de este sábado 29 de agosto en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán, mientras se desplazaba en un vehículo junto a su hija y tres menores de edad.
Rojo, quien realiza labores de búsqueda desde la desaparición de su hermano Miguel Ángel Rojo en julio de 2009, recibió atención médica y fue reportada en condición estable tras presentar una lesión en el brazo. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que todas las personas afectadas se encuentran estables y bajo resguardo institucional.

Diversas organizaciones civiles emitieron pronunciamientos de rechazo ante los hechos, exigiendo a las autoridades una investigación profunda y la implementación de protocolos de protección para activistas y colectivos de búsqueda en la entidad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa implementó el protocolo institucional denominado Código Plata para garantizar la seguridad de las personas afectadas en el centro hospitalario donde reciben atención médica. En dichas labores de resguardo participan corporaciones de seguridad federales y estatales.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación bajo la clasificación preliminar de tentativa de feminicidio. El caso quedó asignado a la fiscalía especializada en la materia, con el respaldo de corporaciones periciales y de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles vínculos con las actividades de búsqueda de personas.
Información preliminar recabada en el sitio del suceso indica que el vehículo recibió impactos de proyectil de arma de fuego, localizándose diversos casquillos percutidos en el área, la cual fue asegurada por elementos de las fuerzas de seguridad para el levantamiento de indicios.
Finalmente, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió un comunicado condenando la agresión y señalando que dará seguimiento al caso conforme a sus atribuciones legales, reiterando la necesidad de salvaguardar la integridad de quienes realizan actividades de defensa de derechos humanos.
